jueves, 24 de julio de 2008

ELLOS, LOS OLVIDADOS

A todos los que siguen muriendo en el patio 29...


Soy Yo,
El Carlos, el Manuel, el nano
Soy Yo.
Mira mis manos quietas,
No logro alcanzar tu llanto
Pero soy Yo.

Han puesto una cruz de metal oxidado
Sobre mi cuerpo que hace sangrar mi frente,
Como corona de olvidos
Impuesta por aquel ejército
Y sus lanzas con voces de hierro

Te veo, veo tus flores
Que gritan mi nombre, ese nombre,
El que está en tus ojos.
Mi nombre
Mi nombre
¿Mi nombre?

Soy Yo,
Recógeme,
Floté por las aguas abiertas de venas torturadas
Y mi cuerpo de rodillas suplicó un respiro.

Volé por cielos de ojos cerrados
-era yo-
Escuchen mis gritos, mis gemidos,
Estoy esperando tus manos en forma de túnel.

Mi nombre, ¿lo recuerdas?
¿Lo recuerdas?

Toma mi mano fría,
Toma mi cuerpo
Mis dolores,
Mis huesos,
Tómalos, llóralos.

Mírame, mírennos,
Soy yo, soy yo…

Somos aquellos que
Olvidaron sus nombres,

Somos los N.N. obligados a callar mil veces,
A no terminar de morir,

Somos simples peces en el mar de la no memoria.
Cristian Gutierrez

jueves, 10 de julio de 2008

VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA...

...PARA TODOS LOS DETENIDOS, ASESINADOS Y DESAPARECIDOS DURANTE LA DICTADURA
El Tribunal de Ética y Disciplina del Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile sancionó con un año de suspensión de la colegiatura y una censura pública a los periodistas Claudio Sánchez Venegas y Julio López Blanco.
Sánchez fue sancionado por negarse a concurrir a declarar ante la fiscal de esa instancia Doris Jiménez, en el caso montaje de la DINA en Rinconada de Maipú difundido en noviembre de 1975 por Televisión Nacional (Canal 7) y Canal 13 de la Universidad Católica, donde López Blanco y Sánchez, respectivamente, trabajaban e informaron sobre el montaje.
En este episodio, la DINA preparó el ardid para que se informara a la ciudadanía que seis “terroristas” del MIR y del Partido Comunista asesinados en las horas previas al 19 de noviembre de 1975 en el centro clandestino de Villa Grimaldi, en realidad habían muerto la mañana de ese 19 de noviembre en el sector de Rinconada de Maipú al sur de Santiago, enfrentados con agentes de la DINA y funcionarios de la policía civil.
Las seis personas murieron en Villa Grimaldi a manos de agentes de la DINA que, antes de dispararles, quemaron sus cuerpos con agua y aceite caliente, mientras que a Catalina Gallardo Moreno le sacaron los ojos. Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, otra de las víctimas, estaba embarazada de tres meses.
Testigo del estado de los cuerpos que aparecieron en la morgue fue el sacerdote José Aldunate, como entonces lo informó a los familiares y ahora al tribunal penal que investiga estos crímenes. Las otras víctimas son: Manuel Reyes Garrido, Alberto Gallardo Pacheco (PC), Luis Andrés Ganga Torres y Pedro Cortés Jeldres (PC).
También presenciaron los tormentos que estas personas sufrieron la noche del 18 de noviembre de 1975 en Villa Grimaldi las ex prisioneras Lelia Pérez Valdés y Patricia Medina que, casualmente, escucharon y vieron sus cadáveres tirados. “Escuchamos gritos que piden agua caliente y aceite caliente (...) Pasaban los guardias portando teteras y cosas así”, declaró Lelia Pérez a la fiscal Jiménez, al igual como lo ha hecho ante el ministro Alejandro Solís que indaga la causa que ya tiene varios procesados, entre ellos el temible “Ronco” Marcelo Moren Brito.
El Tribunal de Ética sancionó además a los ex profesionales de TVN, Roberto Araya Silva (periodista) con una censura pública y la expulsión del Colegio; y a Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán, con un año de suspensión de la colegiatura. Pérez era jefe de prensa y Mayol, gerente general de TVN, pero con atribuciones sobre toda la programación.

Los hechos
La sentencia del Tribunal de Ética es la culminación de un sumario abierto por una denuncia interpuesta ante el Colegio de Periodistas en contra de Claudio Sánchez y López Blanco, por Isabel Gallardo Moreno a nombre de los sobrevivientes de las familias Gallardo y Ganga. La denuncia se originó por un reportaje de La Nación Domingo del 15 de junio de 2003, donde un ex DINA reveló el montaje.
Tanto en la investigación judicial como en la indagatoria del referido Tribunal de Etica, está acreditado que agentes DINA llegaron a Televisión Nacional para buscar a Araya y López Blanco, además de dos camarógrafos, llevándolos a Rinconada de Maipú a grabar el montaje, entregándoles el libreto de lo que debían informar.
Así lo admiten Araya y López Blanco en sus declaraciones ante la fiscal Jiménez, aunque este último insiste en que “nunca supe” que era un montaje, a pesar de decir que no vio “cadáveres ni sangre” producto del supuesto enfrentamiento.
La ex prisionera Lelia Pérez afirma que la noche del falso enfrentamiento los agentes subieron el volumen de la televisión que podía escucharse desde su lugar de detención, en el momento en que se transmitía la información oficial. “Lo que nos aterrorizó con Patricia (Medina) es que mientras en la televisión estaban leyendo, los guardias estaban leyendo el mismo informe en Villa Grimaldi. Iban al unísono y se reían mucho”.
Respecto de Vicente Pérez, entonces jefe de prensa de TVN, este dijo a la fiscal Jiménez no recordar ese episodio. Pero el Tribunal de Etica resolvió que “declaraciones de testigos señalan que eventualmente autorizó o al menos debió estar en conocimiento de la salida del equipo de periodistas y camarógrafos” a cubrir el falso enfrentamiento. “En este caso, el jefe de prensa es responsable de negligencia al abstenerse de consultar otras fuentes distintas de la oficial”, dice la sentencia.

Puntos destacados de la sentencia
El periodista Roberto Araya declaró que “como Julio López y yo éramos funcionarios de TVN, ellos mismos (de la DINA) nos llevaban al lugar y nos pasaban el libreto. A veces Moren Brito iba a buscarnos al canal para llevarnos a cubrir una nota. También recuerdo a Chiminelli”.
Araya: “Habíamos muchos periodistas en la DINA” dijo, pero no dio nombres a la fiscal, salvo reconocer que él era de la DINA.
Vicente Pérez: “Es que tampoco fue una noticia tan importante como para acordarse de los nombres de los camarógrafos”.
Del fallo: “El tribunal lamenta que monseñor Francisco Javier Errázuriz nunca respondió la carta enviada para que reparara la actitud no colaborativa de Canal 13. También lamentamos lo mismo sucedido con el rector de la UC, Pedro Pablo Rosso”.
Del fallo: “El Colegio de Periodistas no cumplió entonces con su mandato ético y hoy debe una excusa pública a los afectados. Debe enfrentar su conducta culposa y asumir públicamente su responsabilidad”.

El video de TVN y la negativa de Canal 13
En el video difundido en la fecha en TVN sobre el montaje -en poder del ministro Solís y el Tribunal de Ética- López Blanco aparece en Rinconada mostrando vainillas del “enfrentamiento” y diciendo “las últimas informaciones dicen que otros dos grupúsculos del MIR y del proscrito Partido Comunista se encuentran cercados por fuerzas de la DINA”.
Respecto de López Blanco el Tribunal de Ética consideró que “Aunque eventualmente pudo equivocarse, pudo creer en lo que veía, pudo ser utilizada su imagen, el periodista -con larga experiencia en la profesión- se abstuvo de confrontar otras fuentes distintas a la oficial y, como el propio imputado reconoce, es responsable del grave daño causado a los denunciantes”.
En cuanto a Claudio Sánchez que se negó a concurrir a declarar ante la fiscal, le escribió una carta diciendo que, debido a que estuvo 32 años en el canal católico “es muy difícil que recuerde con claridad todas las misiones que se me encomendó”.
Si bien el fallo estableció que su sanción fue por negarse a concurrir a declarar, a la vez dijo que, efectivamente, existe una grabación en poder de Canal 13 donde Sánchez informa sobre el montaje de la DINA.
No obstante, la directora ejecutiva del canal católico, Eliana Rozas, negó el video al Tribunal de Ética, argumentando que el impedimento es “un juicio laboral vigente” que Sánchez mantiene con el canal.
De todas formas, la directora certificó que respecto de la información sobre el montaje “revisados los archivos audiovisuales de Canal 13, advertimos que sobre el particular sólo existe una nota realizada por el periodista Claudio Sánchez, quien también aparece en pantalla”.
“La negativa de Canal 13 a la entrega de pruebas materiales, impide a la fiscal calificar la conducta ética del periodista Claudio Sánchez en el caso Rinconada de Maipú”, sostuvo la sentencia.
Fuente:
Jorge Escalante
La Nación

jueves, 3 de julio de 2008

EL CASO DE ELENA VARELA Y LA CENSURA EN "DEMOCRACIA"

Ante la detención de la documentalista Elena Varela, tras estar en la filmación de su documental "NEWEN MAPUCHE" y la incautación de su material por parte de carabineros.

Caso de documentalista Elena Varela irá a la CIDH
Por estimar que la detención de la documentalista Elena Varela, así como la incautación de su material fílmico, pueden provocar un “daño grave e irreparable” a su persona, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Así lo dieron a conocer el académico Nicolás Espejo, Director de la entidad universitaria, Francisco Gedda, en representación de la Asociación de Documentalistas de Chile, Bruno Bettati, presidente de la Asociación de Productores de Cine y Televisión, y Paulina Acevedo, del Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas, durante una conferencia de prensa realizada en la Facultad de Derecho de la UDP.También estuvieron presentes otros representantes del mundo artístico, como Angela Ramírez, de la Asociación de Artistas Contemporáneos y el cineasta y director de la película “Machuca”, Andrés Wood, quien se refirió a la situación que afecta a la documentalista: “Acá se está operando con un exceso propio de otra época, de otro país, de otro gobierno, de otras personas, entonces no lo entiendo realmente. Finalmente el derecho mínimo a cautelar los trabajos de periodistas, documentalistas, cineastas, de cualquier persona a mi parecer, el derecho a tener un pensamiento distinto, está en jugo. Solidarizo absolutamente con Elena por todo lo que está pasando, independientemente de si hay una responsabilidad penal o no”.Actualmente, Elena Varela se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Rancagua, tras ser detenida en Licán Ray, IX Región, el pasado 7 de mayo, luego de lo cual fue formalizada por el delito de asociación ilícita para delinquir, de participar en el robo de una institución previsional el año 2005, y de ayudar al robo de un banco el 2004.A la fecha de su detención, la artista se encontraba dedicada a la realización del documental “Newen Mapuche”, cuyo objeto era dar cuenta de las demandas y del conflicto mapuche en la región de la Araucanía. El proyecto se había adjudicado $52.929.710 en el Fondart 2007, pero tanto el material de esa película como el de otro documental en el que se encontraba trabajando, “Los Sueños del Comandante”, cuya etapa de investigación y guión era respaldada y financiada con un Fondo de la CORFO, fueron requisados en su totalidad.La gravedad de la situación, alega el Centro de DD.HH. de la UDP ante la CIDH, radica en tres aspectos: el operativo mismo de la detención, en el cual participaron 450 efectivos policiales, quienes “trataron con evidente desdén a Elena, afectando su dignidad y con el único objetivo de reunir material que para ellos podría resultar indiciario de una supuesta asociación ilícita, lo que en definitiva demuestra que el real objetivo fue amedrentarla a ella y a su equipo, y dar la señal para todo quien decida realizar un documental sobre el pueblo mapuche, que será sospechoso de participar en actividades ilícitas”.La gravedad se expresa también en relación con la obra misma, se agrega. “De la información disponible se sabe que dicho material está en posesión de la Policía de Investigaciones y que la ministra de Cultura habría encargado su copia. Ello sin embargo, es una medida parcial que no asegura la integridad de la información incautada y menos la protección de las fuentes. Asimismo se desconoce el tiempo en que dicha información estará en manos de las autoridades, negando a su autora cualquier conocimiento y acercamiento a la misma”.Por último, se señala, “la gravedad existe toda vez que la sociedad toda ha quedado impedida de conocer los detalles del documental Newen Mapuche. Más aún, se le está negando informarse sobre lo que ocurre en relación con el conflicto mapuche, al censurar tanto este documental en elaboración, como Los Sueños del Comandante, obra no exhibida hasta la fecha”. En este mismo sentido, se recalca, “la incautación del material fílmico y detención de Elena Varela produce un efecto inhibidor en los demás artistas, los que por temor a ser objeto de las mismas represalias se abstendrán de dar cuenta de cualquier información que pueda relacionarlos con el conflicto mapuche”.Parte del recurso presentado ante la CIDH describe la trayectoria de Elena Varela López, como “una reconocida cineasta y documentalista, artista, creadora, licenciada en música de La Universidad de Chile, intérprete en clarinete y saxofón, compositora y directora de orquesta, magíster en Artes con mención en Musicología, educadora de música y lenguaje audiovisual”. Como cineasta y documentalista, añade, “ha dedicado su vida al arte y a la cultura. Fundó la ‘Escuela de Todas Las Artes’ en 1997, en la que se desempeñó por diez años, formó el ‘Colectivo de Cine Ojo Film’, la ‘Orquesta Sinfónica de niños de Panguipulli’ y la ‘Productora de cine Ojo Film’. Fue también durante el año 2005 encargada de cultura en la ciudad de Pucón, IX Región de la Araucanía”.OTRAS PRESIONESLa presentación también describe el permanente hostigamiento del que han sido víctima otros documentalistas en la zona, como los periodistas franceses Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, detenidos en marzo pasado en la localidad de Collipulli, cuyas cintas fueron igualmente requisadas y jamás devueltas. Algo similar ocurrió con Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, dos documentalistas italianos, quienes fueron detenidos cuando filmaban una movilización mapuche en mayo, y posteriormente imputados por el delito de usurpación de tierras y expulsados del país.
El académico y director del Centro de Derechos Humanos UDP, Nicolás Espejo, afirmó que en este caso, la solicitud de cautelares ente la CIDH es una medida en defensa de la libertad de expresión. Asimismo, explicó que una vez que esta es acogida, el organismo interamericano solicita al Estado de Chile que tome las medidas pertinentes para proteger los derechos vulnerados. Se espera tener una respuesta en dos semanas, precisó, ya que las cautelares tienen por definición el carácter de urgentes.
Entre los firmantes de la solicitud figuran los documentalistas Viviana Erpel, Pedro Chaskel, Paola Castillo, Ignacio Agüero, Jaime Díaz Lavanchy y Francisco Gedda, Premio Altazor 2007; Bruno Bettati, presidente de la Asociación de Productores de Cine y Televisión; Paula Talloni, presidenta de la Asociación de Documentalistas de Chile; Patricio Martínez, presidente del Consejo Metropolitano de Periodistas de Chile; Paulina Avecedo, periodista; Faride Zerán, Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo 2007, Orlando Lübbert, Director de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile. Y las organizaciones Asociación de Documentalistas de Chile y Adoc AG, Plataforma Audiovisual de Chile.
La (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D.C. El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General.