VEJACIONES Y ABUSOS EN LA COMISARÍA PREMIADA
Desde las 23:30 del pasado jueves 15 y hasta las 00:50 del viernes 16 de marzo, tuve la oportunidad de conocer la 38ava Comisaría de Puente Alto como usuario que quiso ejercer sus derechos ciudadanos. Sólo posteriormente, me entere por el sitio web del municipio respectivo, que un ranking de la empresa Global Altus, la había situado como el mejor cuartel de Latinoamérica durante 2010.
Esa noche de jueves estaban convocadas manifestaciones y caceroleos en apoyo de Aysén. Ese territorio de esforzados colonos que, de pronto y como respuesta a viejas y transversales demandas resultaba ocupado por fuerzas policiales aerotransportados en poderosos aviones “Hércules”, con lluvia de lacrimógenas y balines, en vez de estrellas fugaces en la quietud de la noche patagónica.
Esa noche, al enterarnos que nuestra hija Anaclara de 19 años, estudiante de segundo año de Historia en la Universidad de Santiago (USACH), había sido detenida por carabineros en las inmediaciones de la estación de Metro “Elisa Correa”, próxima a Puente Alto nos desplazamos rápido junto a su madre.
Al comienzo, sólo sabíamos que junto a compañeros de universidad y a otros jóvenes y vecinos de la población “Andes del Sur”, participaba de una marcha en apoyo a Aysén. No sabíamos nada más. Cuando llegamos al moderno cuartel policial, ya se encontraba allí un grupo de familiares y una observadora de DD.HH de casco celeste. De inmediato solicitamos hablar con el jefe responsable. El cuartel lucia impecable, y tenía en forma destacada los retratos del presidente Piñera y del general director González Jure, quizás para dar seguridad de que en ese lugar uno podía tener la certeza imperaba la Constitución, las leyes y los procedimientos correctos en tiempos de Democracia, por más subdesarrollada esta fuera.
Muy pronto con los demás familiares fuimos reconstruyendo lo sucedido y de allí intuyendo lo que serían esas horas. Una marcha y caceroleo de un centenar de personas que sin mediar nada, era violentamente atacada por piquetes policiales que equipados como Fuerzas Especiales habían arremetido con bombas lacrimógenas hacia las casas, los manifestantes y los árboles (incendiando uno de ellos). Ese piquete protegido en la noche, sus escudos y el anonimato de sus placas de servicio escondidas, había reducido a diez jóvenes con bastonazos, golpes de puño y puntapiés. Entre ellos, la única mujer: mi hija Anaclara.
El suboficial que nos recibió se presentó como Exequiel Jara Merino. Le pedimos ver la condición de Anaclara y nos dijo que no se podía porque “estaban en el registro de antecedentes y constatación de lesiones”. Insistimos en que no estaba incomunicada y que por tanto teníamos derecho a verla. Impasible y caballeroso insistió que no se les podía “distraer”. Pero la verdad era otra y su tarea era la contención nuestra, respecto de lo que sucedía al interior del mejor cuartel del continente.
Entre las 23:00 y las 05:00 luego de la violenta aprehensión, los jóvenes fueron separados y en el caso de Anaclara obligada a desnudarse por dos jóvenes funcionarias, que la obligaron a realizar flexiones en esa condición. Cuando ella les dijo a las carabineras que eso “era un trato vejatorio e ilegal”, las funcionarias sólo le mostraron sus bastones…seguido de amenazas y burlas.
En simultánea, los familiares allí reunidos insistíamos sobre nuestro derecho a ver el estado en el que estaban los detenidos y el suboficial Jara esgrimía “que estaban ubicando al fiscal de turno”. Luego, cuando los sacaron a constatar lesiones, el Hospital Sotero del Río a escasos minutos del cuartel no era el lugar escogido, sino un distante consultorio en la población San Gregorio. En el trayecto hacia dicho recinto y al pasar el radio patrullas frente a un sitio eriazo uno de los funcionarios-aprehensores le decía a Anaclara: “te podrías perder por allí…” , mientras sus compañeros esposados en otro vehículo eran objeto de burlas y amenazas.
Realizada la constatación de lesiones, hematomas en la boca y piernas en el caso de Anaclara, la esperaba una nueva prueba: un calabozo con dos mujeres detenidas, una por consumo de pasta base y otra por riña. El cargo esgrimido por carabineros ante el fiscal-del que nunca supimos el nombre- fue “desordenes en la vía pública”, que al ser desestimado significo la libertad incondicional de los diez jóvenes, de ellos dos menores de edad alrededor de las 05:00 de la madrugada del viernes 16 de marzo.
Finalmente, al rencontrarnos en la comisaría con Anaclara y enterarnos de los golpes y la vejación de obligarla a desnudarse, exigimos nuevamente hablar con el suboficial Jara, pero este ya no estaba visible y sólo atendía por teléfono: así le expresamos los derechos violados a nuestra hija y a esos jóvenes estudiantes. Como única respuesta, él reiteraba argumentos vacíos, en ese extraño argot de carabineros, para hablar para nada decir.
Los derechos del detenido que adornaban las paredes del moderno edificio, sólo fueron leídos al final, cuando habían sido absolutamente vulnerados y los liberados firmaban bajo presión papeles de entrega de sus enseres. Ya lejos de la 38ava y queriendo dejar atrás una noche de pesadilla en el cuartel más exitoso de América, al revisar sus pertenencia Anaclara descubría que no estaba su carnet de identidad. Nuevamente nos comunicábamos por teléfono con el suboficial Jara, quien negaba que el documento lo tuviesen en su poder, entones: ¿habían presentado ante el fiscal de turno a una detenida sin identificar? ¿Y en esas condiciones como podían dejarla en libertad? Esa era la gota que faltaba. Nunca supimos donde estaba el Jefe de este “destacado cuartel” el mayor Alejandro Casanova Madrid. Al marcharnos, no tuvimos ningún papel como constancia de las lesiones, porque ello dependía de trámites por hacer ante la respectiva fiscalía. En ese momento las pruebas eran nuestros testimonios y lo que a partir de allí decidiéramos hacer.
Esa madrugada me aleje pensando muchas cosas. En Manuel Gutiérrez el joven acribillado por la subametralladora de un carabinero en septiembre del 2011 en Macul. En los dichos de aquel entonces del general director: “Si alguien se excede en sus atribuciones, voy a salir a poner la cara por la institución y decir: nos equivocamos, vamos a corregir y determinar las sanciones y voy a ser muy franco en decirlo”. También pensé en la tortura en los cuarteles secretos de la DINA-CNI donde el desnudo era parte esencial para afectar la dignidad y la condición de ser humano; en la tortura propia en el Cuartel Borgoño el año 84, en la colaboración -judicialmente probada- de carabineros en el secuestro y asesinato de mi hermano el año 86…en todas las denuncias del 2011 de torturas a estudiantes en el trayecto de los buses policiales con golpes y manoseos de parte de los efectivos a muchachas y muchachos reducidos e inermes. El pasado siniestro de Chile reaparecía en la impudicia de funcionarios que, seguro se sentían respaldados y todo ello en una destacada comisaría del sur de Santiago.
Había leído en las noticias de los últimos días dictámenes judiciales que en Temuco amparaban a familias mapuches abusadas en la comunidad Jineo, donde había uso vejatorio e irracional de la fuerza en contra de mujeres y niños y que en Aysén, en las últimas horas se les prohibía utilizar bombas lacrimógenas y balines en determinadas poblaciones, también por mandato judicial. Luego, el viernes último encontré estas declaraciones del general director sobre los sucesos últimos ocurridos en Aysén: "nosotros analizamos todos los procedimientos y en ese sentido tenemos que ajustar esos procedimientos e impedir que se produzcan ese tipo de acciones o actos individuales por parte de algunos funcionarios...”. ¿Qué valor tenían todos esos dichos del general González Jure al lado de la evidencia vivida en la 38ava comisaría de Puente Alto?
Pero, aún faltaba una pieza clave para entender todo esto. Lo vivido esa madrugada y lo de Aysén, las movilizaciones estudiantiles que se reiniciaban nuevamente en medio de prohibiciones y bombas, apaleos y centenares de detenciones en el centro de la capital, los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y del Observatorio de la Universidad Diego Portales (UDP) y de otras entidades que continuaban reiterando que la criminalización del derecho a manifestarse por parte de este gobierno ha dejado a carabineros como fuerza de choque con parámetros absolutamente relativizados en sus procedimientos policiales
Eso que faltaba lo encontré el sábado 17 en una entrevista en un medio nacional a Roberto Méndez experto en encuestas que afirmaba:”la única opción de La Moneda es mostrar dureza”, y ello para conseguir estabilizarse en un tercio de apoyo y ver recuperar al menos el 40% en los próximos estudios de opinión. Entonces, conecte todo. Aysén, la 38ava, la Ley de Seguridad Interior del Estado, y los propósitos de Hinzpeter y este gobierno.
Difícil escenario el de un país donde crecientes y disimiles mayorías ciudadanas exigen derechos y levantan demandas frente a un gobierno que no escucha y exacerba conflictos y que además utiliza una fuerza policial lanzada a saltar sus procedimientos, transformándolos en la “normalidad” de su proceder. Una policía que encubre arbitrariedades, realiza vejaciones y practica la tortura. Una policía que demora la entrega de los detenidos, que los incomunica de hecho, mientras los vejan y niegan mostrarlos a familiares situados a pocos metros.
Hoy los observadores de DD.HH están convertidos en el nuevo “Movimientos Sebastián Acevedo” del cura Aldunate y el INDH, la Defensoría Popular y otras instituciones, en algo así como la Vicaría. Todo un retroceso de nuestra alicaída democracia.
¿Qué hará el general González Jure si de su accionar policial en múltiples frentes depende que el gobierno se mantenga o suba en las encuestas? ¿Qué inventará Hinzpeter ante nuevas regiones demandando sentidas reivindicaciones? ¿Que sucederá el próximo 29 de marzo, día en que se conmemora el asesinato de los hermanos Vergara Toledo? ¿Qué haremos los ciudadanos de a pie para impedir que la criminalización de la movilización social reinstale la tortura, los abusos y las arbitrariedades en los cuarteles y accionar policial?
Espero que el sembrar terror no les funcione. Como hoy dicen los patagones de Aysén con sus voces sencillas y firmes: no hay que tenerle miedo al miedo.
Ignacio Vidaurrázaga Manríquez, periodista.
18 de marzo 2012
